Dos historias de injusticia

El indígena Odilón Cañedo en su comunidad

El indígena Pai Pai, Odilón Cañedo, estuvo preso por tres meses en una cárcel de Ensenada, Baja California, por un delito que no cometió. La mañana del 16 de enero de 2002, un grupo de policías llegó a su modesta vivienda, situada en la comunidad de Santa Catarina, a ocho kilómetros de la carretera San Felipe-Ensenada, y lo arrestaron por tener en su casa una vieja carabina 30-30 de la época de la Revolución, un rifle calibre .22 que ocasionalmente utilizaba para cazar conejos, así como otras tres armas viejas e inservibles.

En la zona serrana donde habita, una de las más alejadas y marginadas de Baja California, los Pai-Pai acostumbran a cazar conejos, así como aves y animales silvestres para comérselos. Odilón, entonces de 57 años, le dijo a los policías que el rifle lo utilizaba para cazar, que la carabina y las pistolas no servían y les explicó que su oficio era el de artesano y como prueba les mostró su taller casero.

Sin hacer caso de los argumentos, los policías le solicitaron el permiso para portar las armas, por lo que el indígena se mostró sorprendido. En su pueblo, ninguna autoridad civil o militar los había molestado por la portación de armas, porque para nadie era un secreto que los Pai-Pai cazan sus propios alimentos.

Fue así como aquella mañana Odilón fue arrestado y trasladado  al puerto de Ensenada, donde un ministerio público, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez  le girara una orden de aprehensión y le iniciara un proceso penal por los delitos de portación de armas. El juez, sin embargo, no sólo otorgó la medida cautelar, semanas más tarde encontró culpable al indígena.

La intervención de un grupo de ciudadanos, que se enteraron del caso por la prensa local, generó que la sentencia fuera revertida luego de ser impugnada ante un Tribunal Federal. Uno de los argumentos que presentó la defensa para que dejaran libre a Odilón, fue que el Convenio Internacional 169, firmado entre México y la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, establecía que los integrantes de las comunidades originarias pueden portar armas para la cacería siempre y cuando demuestre que es una costumbre de su pueblo, como era el caso del Pai-Pai quien quedó libre casi tres meses después de la detención.

Encarcelados por despojo

El 12 de julio de 2007, Eva Carrillo Vega, indígena Kumiai radicada en la comunidad de San José de la Zorra, Ensenada, fue detenida y encarcelada en la ciudad de Tijuana, Baja California, por el delito de despojo de tierras.  Casi cuatro semanas antes, policías ministeriales de Playas de Rosarito, ciudad colindante con Tijuana,  visitaron su modesta vivienda para informarle que ella y su hijo Fausto tenían que presentarse a declarar ante el Ministerio Publico, pues existían una serie de acusaciones en su contra.

Morena, alta, piel curtida por el sol, Eva les dijo a los agentes que no podía presentarse a declarar a Playas de Rosarito, pues no tenía los medios ni los recursos económicos para hacerlo (entre la comunidad de Eva y Playas de Rosarito son tres horas de distancia en vehículo). Fue hasta la mañana del jueves 12 de julio, que los policías regresaron a la casa de Eva.  Le dijeron que si no tenía forma de trasladarse ellos podían llevarla y regresarla en su automóvil una vez que rindiera su declaración ministerial.

Una vez en la Subprocuraduría de Justicia de Playas de Rosarito, Eva fue declarada sin la presencia de un abogado defensor. Ahí, se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de despojo de tierras,  solicitada por el representante del ministerio público y otorgada por un juez.  Los policías que se ofrecieron a regresarla, se encargaron de esposarla  y  trasladarla al penal de La Mesa en Tijuana.

Por espacio de tres días familiares y amigos no  tuvieron noticia de ella. Fue hasta el cuarto día que su hijo Fausto supo dónde se encontraba.  En Playas de Rosarito, le informaron que su madre estaba recluida en el penal de Tijuana por el delito de despojo y que también existía una orden de aprehensión en su contra, que ahí mismo le fue girada.  Eva y su hijo, cuyos ancestros han poblado la comunidad de San José la Zorra desde muchos siglos antes de la llegada de las misiones a Baja California en 1697, fueron acusados por un grupo de reconocidos agricultores de Ensenada por el delito de despojo.

Madre e hijo obtuvieron su libertad tras el pago de una fianza de 10 mil pesos cada uno. Días más tarde, indígenas Kumiai de su comunidad denunciaron que las personas que acusaban a Eva y Fausto eran los invasores de las tierras que ancestralmente han ocupado ellos y los recién liberados. Aun cuando el caso sigue vigente en los tribunales, para la presidenta de la Asociación Civil Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México con sede en Tijuana, Patricia Rivera Reyes, es una muestra de las injusticias que se cometen no sólo contra indígenas en Baja California, sino en todo el país.

Fueron encarcelados injustamente por un delito que nunca cometieron”, asegura la abogada, quien reconoce que uno de los principales problemas que enfrentan estas comunidades es el robo de tierras. Recordó el despojo de un terreno a  los indígenas Pai Pai en la región de Jamao.  En esa zona se perdió prácticamente un ejido y los responsables son una familia muy conocida en Ensenada.

“Ese es un caso que llevamos a la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero esa familia tiene muchas influencias”, lo que según la abogada facilitó el despojo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s