Autoridades sin preparación contra terremotos o tsunamis: ASF

 

Fotos del terremoto en Mexicali el 4 de abril de 2010

Fotos del terremoto en Mexicali, B.C, México, el 4 de abril de 2010

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Sistema Nacional de Protección Civil –instancias pertenecientes a la SEGOB- no cuentan con sistemas de información ni de monitoreo suficientes que permitan amortiguar las consecuencias de desastres naturales como tsunamis o terremotos en México, estableció la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2009.

Según la ASF, estas deficiencias no permiten reducir los porcentajes de muertes y daños patrimoniales. Las alarmas no funcionan en ninguna ciudad, las campañas de prevención no permean entre la población correctamente y no existe información que permita tomar decisiones adecuadas en caso de una contingencia,.

Entre sus conclusiones, el órgano auditor de la Cámara de Diputados indicó que los funcionarios de estos organismos, no implementaron acciones de “prevención de riesgos para mitigar los daños y sus efectos en la integridad física y patrimonial de las personas”, en caso de presentarse un desastre de grandes dimensiones.

Estas consideraciones, llevaron a la ASF a rechazar  las cuentas públicas de las dos instancias auditadas en sus gastos y desempeño.

Los auditores también solicitaron la aprobación de una nueva Ley General de Protección Civil –que se encuentra congelada en la Cámara de Diputados-, con la cual se pretende facultar a la SEGOB para supervisar que las 32 entidades y 2440 municipios del país, cuenten con programas de protección civil, algo que no sucede actualmente.

No se monitorea tsunamis

Conformado en septiembre de 1988, con el “objetivo de estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la previsión, prevención y mitigación  de los desastres naturales y sus efectos”, el CENAPRED se ha convertido en una instancia que lejos de cumplir sus metas, no ha tenido la capacidad de preservar la integridad física y patrimonial de más de 100 millones de mexicanos.

Ausencia de sistemas para monitorear la totalidad de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos; carencia de información oportuna sobre la presencia de los siniestros y falta de mecanismos para conocer la utilidad de los productos de inteligencia que elaboran,  son tres de los factores que los auditores establecieron como las principales causan que limitaron la “efectividad de las acciones” del CENAPRED.

En el primer tema, la conclusión fue que aun cuando los funcionarios del Centro lograron instrumentar 10 diferentes redes que monitorean y detectan 18 de los 24 distintos fenómenos naturales; “no dispuso de redes de monitoreo y detección en materia de inestabilidad de suelos (arrastre lento o reptación, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento) y de tsunamis”, limitando el cumplimiento de una de sus metas, que era  “incrementar la infraestructura y tecnología para el monitoreo, detección y alertamiento de los fenómenos naturales”.

También detectaron que estos mismos servidores públicos, no  integraron a la Red Nacional de Información, las bases de datos y sistemas de información que disponen en materia de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, lo que imposibilitó el contar con información completa que permitiera a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “tomar mejores decisiones en materia de Seguridad Nacional”.

Otra de las inconsistencias encontradas por la Auditoria, es que de las 70 acciones que se adoptaron para estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías encaminadas a mitigar el impacto de algún desastre y sus efectos, los funcionarios de la CENAPRED desconocían la utilidad de las medidas.

La justificación que dieron a la ASF, es que la SEGOB no les dio atribuciones para “medir la eficacia en el cumplimiento de su objetivo institucional”. De ahí que desconocieran los alcances de las acciones.

Municipios, Estados y el DF, sin programas de Protección Civil

El Sistema Nacional de Protección Civil, órgano encargado de “salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno” en caso de un desastre natural, fue otra de las instancias auditadas por la ASF con el fin de conocer el manejo de las finanzas que se destina a la prevención e investigación de este tipo de catástrofes.

En las observaciones, los auditores detectaron que además de no coordinarse con órganos como el Sistema Nacional de Información para la Protección Civil, el Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER), el Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM), el Sistema de redes de monitoreo y detección para la prevención de fenómenos naturales y el Centro Nacional de Operaciones, vitales para articular y coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno, tampoco contaban con una Atlas Nacional de Riesgos que les permitiera saber los posibles focos rojos existentes en el país en materia de desastres naturales.

Eso no es lo más grave. Según la ASF, 31 estados y el Distrito Federal carecían de un programa para atender emergencias por sismos, hundimientos, agrietamientos o laderas inestables; otros 16 no contaban con programas hidrometeorológicos; mientras que 2 mil 423 municipios –de los 2 mil 440 existentes- y 16 delegaciones del Distrito Federal, no contaban con un programa de protección civil en caso de presentarse una contingencia natural.

Esta última situación incluso, generó que la ASF lanzara una recomendación a los diputados federales para descongelar una propuesta de Ley General de Protección Civil que se encuentra detenida en la Comisión de Gobernación, y que entre otras cosas prevé facultar a la SEGOB para solicitar a los estados y municipios del país así como el Distrito Federal,  la implementación de este tipo de programas.

Pero aun cuando no establecen afectaciones económicas y patrimoniales que pudieran haberse presentado a consecuencia de un mal manejo en las finanzas de Protección Civil, la Auditoria estableció que en los 16 estados carentes de programas hidrometeorológicos, se presentaron -entre los años 2005 y 2009- un total de 397 desastres naturales que provocaron 476 decesos, dejaron un millón 752 mil damnificados y arrojaron daños por más de 73 mil millones de pesos.

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