Los diputados quieren auditar la “guerra” contra el narco

A la par de la discusión que se dará en el Congreso de la Unión por la aprobación del presupuesto de Egresos 2011, los diputados federales del PRI y el PRD exigirán que se conforme una comisión especial para auditar los resultados obtenidos por el Gobierno Federal en materia de seguridad pública. Con la medida los legisladores pretenden establecer si el recurso asignado para el tema tiene que ser disminuido o incrementado, pues consideran que el enfoque de Felipe Calderón Hinojosa en su “guerra” contra el narco, es equivocado.

Los diputados también pretenden revisar las leyes que el Congreso le ha otorgado al Ejecutivo Federal para combatir al narcotráfico y que, en palabras del ex procurador de justicia mexiquense y actual legislador priísta, Alfonso Navarrete Prida, no ha dado los resultados esperados. Un ejemplo de ello, dijo, es la Ley de Extinción de Dominio. “Nos dijeron que con esa herramienta legal se iba a combatir a las estructuras criminales y que era muy necesaria para esta lucha, pero desde su aprobación sólo se ha podido aplicar en un solo caso”.

Pero auditar los resultados en materia de seguridad pública no será el  único debate que se dará en la Cámara Baja. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de San Lázaro, revela que aun cuando en los últimos 4 años se han triplicado los recursos presupuestales para las dependencias encargadas de combatir e investigar la delincuencia organizada, sus titulares no han logrado revertir los niveles de criminalidad y violencia que actualmente se viven en México.

Advierten además que en 10 Estados con alta incidencia delictiva, entre éstos Baja California y Baja California Sur, existe un subejercicio de los recursos en el rubro de seguridad pública. Este hecho, aunado a la solicitud que hiciera el Presidente  para incrementar los recursos en la materia, ha generado una serie de opiniones encontradas en el Congreso de la Unión donde los únicos perjudicados, en caso de no lograr acuerdos sin tintes partiditas, serán los miles de mexicanos que en casi 4 años de “guerra” han sido testigos de más de 29 mil ejecuciones y casi mil enfrentamientos armados entre delincuentes y militares.

Mejor distribución de los recursos

El primer Legislador que en el Congreso de la Unión planteó la necesidad de auditar la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico fue la diputada del PRD, e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, Enoé Uranga.

Lo hizo siguiendo la línea política de su partido, cuyos diputados consideran que los recursos  en el tema de la seguridad pública deben ser utilizados racionalmente. “Obviamente no ha habido esa eficacia y esos resultados tan alardeados”, expuso la Legisladora, quien a nombre de los integrantes de su bancada, fijó las presupuestas que plantea el PRD en el tema.

Una de ellas es destinar más recursos a la prevención del delito y el fortalecimiento de los derechos humanos. La servidora pública reconoció cómo en los últimos 4 años se ha reducido el presupuesto en esos dos temas, al extremo que en este 2010 se destinaron 6 millones de pesos para prevenir los delitos, mientras que en materia de derechos humanos no se destinó nada.

“No es una cuestión de recortar por una posible venganza política. Se deben tener mejor distribuidos los dineros y en los cajones correctos”, expuso quien fuera ex diputada independiente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Otra propuesta que ha planteado la perredista en representación de los integrantes de su partido, es la de revisar la Plataforma México, que según el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien el lunes 27 de septiembre compareció ante diputados federales, ha sido visitada en 4 millones de ocasiones por las instancias encargadas de procurar justica en el país, logrando con ello 25 mil consultas que han derivado en capturas y seguimiento de delincuentes.

A decir de Uranga, los mexicanos, vía el pago de sus impuestos, han aportado miles de millones de pesos para una base de información “que no ha dado resultados. Nadie puede consultar esos datos”.

“El resultado ha sido cero”

Los perredistas no son los únicos que sostienen que la estrategia de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico no es adecuada. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los legisladores piensan que se debe conformar una “comisión especial” para investigar los resultados en los casi cuatro años de “guerra” calderonista. 

“El PRI ha señalado con mucha claridad que la estrategia del Ejecutivo Federal para combatir al narco ha estado equivocada; que el enfoque no es el adecuado y se puede probar de distintas maneras”, aseguró el diputado priísta e integrante de la Comisión de Justicia, Alfonso Navarrete Prida.

Una de ellas es revisando la autorización que le otorgó el Congreso al Ejecutivo para realizar cateos, intervenir llamadas telefónicas y dotarle de facultades a la Policía Federal Preventiva (PFP) para investigar a los cárteles de la droga, pero sostiene que “el resultado ha sido cero”.

“Ni los sentenciados, ni los consignados, ni los detenidos hasta el momento son producto de esas herramientas jurídicas que se le han dotado al Ejecutivo”.

Según el ex Procurador de Justicia mexiquense, esto demuestra claramente que la estrategia de Calderón es errada. “Ahora nos quiere pedir más recursos y herramientas jurídicas para su Vietnam. No es modificando la Constitución como se modifica la realidad. A la realidad se le enfrenta con diagnósticos adecuados y el marco jurídico ayuda a resolver el problema, pero no es al revés”.

No están satisfechos

Para los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la comisión especial que pretenden impulsar priístas y perredistas para revisar los resultados obtenidos por Felipe Calderón en su lucha contra el narco, es tan sólo una cuestión coyuntural y no obedece a una propuesta seria, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista José Luis Ovando.

Según el Legislador bajacaliforniano, el planteamiento es “muy mañoso” porque con él los perredistas y priístas sólo buscan fijar un posicionamiento político, en vísperas del proceso de aprobación del presupuesto 2011 que envió el Ejecutivo y que será analizado por los diputados en las  próximas semanas.

Pero con todo y que apoya la propuesta de Felipe Calderón para destinar mayores recursos a las dependencias que luchan contra el crimen organizado, sostiene que no está satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento.

“Lo que nos hace falta es visión de Estado en materia de seguridad.

Políticas de largo alcance y de largo aliento.  Nos hace falta que cada quien tenga claro la responsabilidad que les toca y en qué nivel y sobre eso establecer parámetros e indicadores para ver quién está cumpliendo y quién no”.

Ovando puso como ejemplo el caso de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez. Recordó que el único que acudió a afrentar el problema (luego de llamar criminales a las víctimas) fue el Presidente Felipe Calderón. “Llegó a Juárez y los ciudadanos le mentaron la madre como si él fuera el asesino, mientras el Gobernador se hace pato y el Alcalde vive en El Paso, Texas. En esa política de aventarnos la bolita unos a otros el afectado es el ciudadano y los que ganan son los delincuentes”.

Se requiere rediseñar la estrategia

En el informe titulado la “Evolución del gasto ejercido en seguridad pública 2006-2009”, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión estableció que,  pese al incremento presupuestal que han tenido las diferentes dependencias encargadas de combatir el narcotráfico en la presente administración, los resultados lejos de ir a la baja se han incrementado.

El documento además advierte que según la información dada a conocer por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de los “Diálogos por la Seguridad”, en casi cuatro años de gobierno se han cometido más de 28 mil asesinatos en el país y registrado 963 enfrentamientos armados con organizaciones criminales.

“Lo anterior indicaría que una estrategia efectiva de combate a la delincuencia y de mejoramiento de la seguridad pública requiere de otros elementos tácticos, o de un rediseño de la estrategia, más allá del solo incremento de los recursos públicos. Y probablemente, también esté señalando bajos niveles de eficiencia en la operación del presupuesto en seguridad pública”.

No fue el único análisis que hizo el CEFP, la instancia que tiene como objetivo prestar en forma imparcial y oportuna, servicios de apoyo técnico e información analítica sobre economía y finanzas públicas a los legisladores, también  estableció que los recursos en materia de seguridad destinados a los 31 estados y el Distrito Federal, “no se ejercieron a cabalidad”.

Se estableció que de enero de 2009 a junio de 2010 los estados de Hidalgo y Jalisco no habían gastado sus recursos; mientras que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí, reportaban un ejercicio menor al 10 por ciento.

“El resultado en la ejecución de los recursos es paradójico, porque la normatividad aprobada para 2010 tiene el propósito de hacer eficaz el manejo del flujo y la aplicación de los recursos autorizados a las entidades federativas y municipios”, indican los investigadores y diputados que integran el CEFP, que no descartan que el subejercicio se deba al retraso de un año que existe entre la Federación y los Estados para liberar por un lado, y recibir por el otro, el dinero del presupuesto.

Pero con todo y la crisis de seguridad que impera en los estados donde los siete cárteles de la droga identificados por la PGR (Según la DEA son 30 grupos del narco) han asentado sus redes criminales, los diputados del PRI y el PRD pretenden frenar la escalada de violencia que se incrementó tras la declaración de “guerra” de Felipe Calderón, a través de una comisión especial igual a la que en octubre de 2007 se conformó  para investigar el supuesto enriquecimiento ilícito de Vicente Fox durante su administración y que nunca arrojó conclusiones o resultados de las supuestas sospechas de corrupción del ex mandatario panista.

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