Se pierde a uno de los más destacados jueces mexicanos

Fotos bajadas de internet

La sorpresiva muerte del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, no sólo dejó un hueco importante en el Máximo Tribunal de Justicia en México. Con el repentino deceso, el país pierde a uno de los juzgadores que se distinguió por defender los derechos individuales y las delimitaciones jurídicas entre municipios, estados y Federación.

Como dice el Abogado y Catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Solorio Ramírez, “fue el juez que mejor comprendió el fenómeno federalista” del país, en la medida que sus fallos y votos particulares constituían una defensa apasionada de los deberes y derechos públicos que los Estados tienen para los ciudadanos, en el animo de combatir el centralismo de la vida publica.

A menos de una semana del fallecimiento del Ministro en Inglaterra donde se encontraba vacacionando, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, prepara la terna con el nombre de los prospectos que podrían ocupar la silla vacante en la Corte y una vez entregada, los representantes del Senado tendrán un plazo de 30 días para entrevistar y elegir al que ocupará la vacante.

Dos ministros han muerto antes de concluir su periodo

No es la primera ocasión que un ministro de la Corte muere antes de finalizar su periodo, de ahí que el sucesor de Gudiño, tal y como sucedió  en junio de 2004 tras el fallecimiento del ministro Humberto Román Palacios, no cubrirá los cinco años que le restaban, sino que será elegido por un nuevo periodo.

Si bien la ley establece que el cargo de Ministro es 15 años, en el caso de Gudiño y dos de sus compañeros que llegaron a la Corte tras las reformas de 1994 -que redujeron el número de sus integrantes-, se estableció que estarían en funciones por 21 años, esto como parte de un sistema de sustitución escalonada. En el caso de fallecido magistrado, finalizaría su periodo el 30 de noviembre de 2015.

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política Mexicana, al presentarse el fallecimiento de uno de los ministros de la SCJN, el Presidente de a República esta obligado  a presentar al Senado el nombre de tres candidatos a ocupar el cargo, quienes comparecerán ante los representantes de la llamada cámara alta con el objetivo de demostrar sus conocimientos constitucionales y sus cualidades personales.

Para decidirse por uno de los tres aspirantes, dos terceras partes de los senadores tendrán que votar por él en un periodo que no sobrepase los 30 días, y en caso de no hacerlo el Presidente tendría la facultad para hacer la designación directa.

También podría darse el caso que los representantes del Senado rechacen a los candidatos, para la cual el Jefe del Ejecutivo tendría que presentar  una nueva terna. Si volviera a ocurrir que ninguno de los tres aspirantes es del agrado de los legisladores, el Presidente tendría la facultad de nombrar ministro de la Corte a cualquiera de los prospectos.

Pero aún cuando no se ha oficializado la identidad de los aspirantes, funcionarios de la SCJN no descartan que entre ellos se encuentren: Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer Mc Gregor, catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como los magistrados federales: Jorge Mario Pardo Rebolledo y María Luisa Martínez Delgadillo, quienes en noviembre de 2009 compitieron por los espacios dejaron vacantes al jubilarse, los ex ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.

Sin embargo la moneda esta en el aire, pues para el Presidente de la República podría resultar más cómodo tener como aliado a un Ministro que apoye las quejas presentadas por los miembros de su administración contra leyes que promueven derechos sexuales e individuales, y no a uno que tenga el perfil de José de Jesús Gudiño, quien en múltiples ocasiones no sólo rechazó las controversias enviadas por el Ejecutivo, sino que apoyó y avaló los matrimonios entre personas del mismo sexo y el derechos de Aborto en la ciudad de México, de ahí que en los próximos días pudieran surgir los nombres de nuevos prospectos pero afines y allegados a Felipe Calderón.

El primer Juez Federal de Mexicali

Nacido en el municipio de Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943, José de Jesús Gudiño Pelayo, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de México, donde obtuvo su título en 1972 luego de presentar la tesis titulada: “El concepto de propiedad ejidal a la luz del derecho natural”.

Con 29 años de edad, el Joven abogado inicio su carrera profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, adscrito a la Primera Sala. Años más tarde se trasladó a Sonora y Tamaulipas donde fungió como Juez, hasta que en 1978 fue invitado por el entonces presidente de la SCJN, a fundar el primer juzgado federal en la ciudad de Mexicali. 

En su tiempo, el nombramiento de Gudiño causó revuelo entre la sociedad bajacaliforniana, no sólo por tratarse de un acontecimiento histórico en la vida jurídica del Estado, sino porque el entonces presidente de la República, José López Portillo, se trasladó a la frontera para tomarle protesta al nuevo Juez.

Al poco tiempo de instalado en el Juzgado, lo invitaron a impartir la materia: “Amparo y Garantías Individuales” en la Facultad de Derecho de la UABC, donde además de tejer lazos de amistad con otros abogados mexicalenses como Daniel Solorio,  se caracterizó por el profesionalismo y la claridad que imprimía al momento de impartir sus clases.

Su quejoso favorito

Fue a cuatro años y medio de su estancia en Mexicali, que un juicio de amparo promovido por el entonces recién egresado de la Facultad de Derecho de la UABC, Juan Salvador Morones Pichardo (actual Juez de Justicia Alternativa en Mexicali), colocó a Gudiño Pelayo en un punto  que 12 años más tarde, sería fundamental para ser nombrado Magistrado de la SCJN.

En el juicio promovido a mediados de 1982, Morones denunció la negativa de los directivos de su Facultad para asignarle un maestro titular que le ayudara a desarrollar sus tesis, cuyo tema abordaba algo totalmente espinoso para las autoridades universitarias y los políticos de la época. En la tesina, el joven señalaba que los organismos descentralizados del país, como son las universidades y las comisiones e institutos federales, eran susceptibles a juicios de amparo en caso de violentar las garantías individuales de los ciudadanos.

Ocho meses más tarde, el Juez no sólo le dio la razón al joven pasante de leyes, además le exigió a los representantes de la Universidad que le nombraran un director de tesis, estableciendo de paso que todos los órganos descentralizados del país si estaban obligados a respetar los derechos ciudadanos, porque simple y sencillamente se trataba de entidades públicos.

Esa situación generó una buena amistad entre el Universitario y el Juez, éste último quien públicamente lo llegó a nombrar en diversos foros jurídicos como su “quejoso favorito”, al punto que en el primero de los siete libros de derecho que escribió a lo largo de su carrera, el cual tituló: “Problemas fundamentales del amparo mexicano”, dedicó un capitulo completo al juicio de amparo promovido por el pasante de leyes.

Pero a decir del propio Morones, quien siguió de cerca la carrera del Ministro, los argumentos de esta publicación le permitieron llegar a Gudiño a la SCJN, pues los senadores que lo entrevistaron antes de ocupar el cargo, le preguntaron sobre los problemas que presentaba el juicio de amparo, por lo que no dudo en responder y sorprender con sus planteamientos a los legisladores, quienes sin dudarlo avalaron su designación.

Ministro progresista

Para Jesús Aranda, periodista de La Jornada y uno de los comunicadores que más años tiene informando de las acciones de los ministros de la Corte, fueron varias las resoluciones emitidas por Gudiño que demuestran el interés que tenía para lograr la descentralización del sistema de justicia en México.

En un artículo publicado el lunes 20 de septiembre,  recordó como en 1995 el ministro Gudiño Pelayo, se distinguió  por solicitar al pleno de la Corte que atrajeran las investigaciones del asesinato de 17 campesinos de Guerrero acribillados por policías de esa región, en un hecho que organismos de los derechos humanos nombraron: “La matanza de Aguas Blancas”.

También señaló que en marzo del presente año, el voto de Gudiño fue de vital importancia para despenalizar el aborto en la ciudad de México, además de avalar más recientemente la legalización de los matrimonios entre las parejas del mismo sexo y su posibilidad de adaptación.

Antes de salir de vacaciones a Inglaterra, el Ministro tenía una larga lista de expedientes que analizar a su regreso. Tan sólo en la Primera Sala que presidía, eran al menos 22 asuntos lo que tenia que tratar, entre ellos al menos 10 amparos en revisión contra actos de diferentes autoridades locales y municipales. Aparte tenía que estudiar  una Controversia Constitucional promovida por funcionarios del municipio de San José del Progreso en Oaxaca, quienes demandaron al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo por ordenar la desaparición de esa pequeña localidad.

 “Se pierde a uno de los más destacados jueces mexicanos de la época reciente, lo que mucho duele a los intereses de la Nación”, aseguró el abogado bajacaliforniano, Daniel Solorio.

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